La investigación se originó en una solicitud de Mirna Ortiz Fernández, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). La petición abarcaba contratos, pagos y desembolsos de fondos públicos vinculados con la compañía de seguridad SENASE desde 2020.

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) mantuvo 6 hallazgos críticos sobre los contratos, las adendas y los pagos de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) a Servicios Nacionales de Seguridad Integral (SENASE), tras analizar las respuestas de la entidad y de exfuncionarios.

La investigación señala falta de evidencia del registro de instrumentos contractuales por 867.282.729 pesos, firmas fuera de plazo, ausencia de una garantía de cumplimiento y adendas posteriores al vencimiento que excedieron el límite de modificación. En este último hallazgo, la CCRD identifica indicios de responsabilidad penal por un excedente de 89.328.477 pesos.  

  En esa línea, las 4 adendas del contrato de 2019 ascendieron a 216.717.501 pesos y, según el informe, alcanzaron el 85 % del valor original, frente al límite del 50 % citado por los auditores. La CCRD también observó 58 expedientes de pago por 481.612.003 pesos con documentación incompleta.  

No obstante, los auditores mantuvieron las observaciones porque las respuestas no aportaron evidencia suficiente para desvirtuar los incumplimientos señalados. En materia de registro contractual, concluyeron que la falta de acceso al sistema electrónico no eximía a EDEESTE de utilizar la vía alternativa disponible.  

Asimismo, el informe registra desembolsos a la empresa SENASE por 619.115.933 pesos entre enero de 2019 y marzo de 2025. Esta cifra corresponde a pagos, mientras que los 867.282.729 pesos representan el monto de los contratos y sus adendas. Los importes observados se superponen y no deben sumarse como un perjuicio económico total. 

Adendas por encima del límite de modificación   

De acuerdo con el informe, la CCRD señala que las 4 adendas del contrato de 2019 superaron el límite del 50 % y sitúa el excedente en 89.328.477 pesos. La observación se mantuvo tras las réplicas: los auditores concluyeron que no se aportó evidencia que desvirtuara el exceso. El informe vincula este hallazgo con responsabilidad administrativa e indicios de responsabilidad penal.   

Pagos con documentación de respaldo incompleta   

Por otro lado, la investigación observó 58 expedientes de pago por 481.612.003 pesos que carecían de parte de la documentación requerida. Entre los soportes faltantes, menciona autorizaciones bancarias de transferencias, certificaciones de disponibilidad de fondos, documentos tributarios y de seguridad social, formularios autorizados y constancias de aceptación de los servicios. El órgano fiscalizador mantuvo el hallazgo porque no se acreditó la incorporación de los documentos faltantes.   

En cuanto a su distribución, el cuadro del hallazgo agrupa los expedientes por períodos de gestión: diecinueve por 132 millones 347 mil 2 pesos en el de Luis Ernesto de León; nueve por 70 millones 352 mil 402 pesos en el de Tomás Ozuna Tapia; y once por 98 millones 667 mil 590 pesos en el de Andrés Emmanuel Astacio Polanco.   

Además, registra diez expedientes por 96 millones 875 mil 829 pesos en el período de Andrés Julio Portes Pompiano; ocho por 70 millones 773 mil 500 pesos en el de Manuel Alberto Mejía Naut; y uno por 12 millones 595 mil 680 pesos en el de Mario Esteban Pizarro Stiepovich. Esta distribución reproduce la clasificación del informe y no demuestra la participación de cada funcionario en la preparación o aprobación de los expedientes.   

Adendas suscritas después de vencer el contrato   

Respecto de la vigencia contractual, los auditores señalaron que las 4 adendas del contrato de 2019, por 216.717.501 pesos, se suscribieron después del vencimiento del contrato original. Tras examinar las respuestas, mantuvieron la observación porque no se aportó evidencia que desvirtuara esa actuación.   

Sin evidencia de la garantía de fiel cumplimiento   

En materia de garantías, la CCRD no recibió evidencia de la póliza de fiel cumplimiento de la cuarta adenda, cuyo monto figura en este hallazgo como 21.203.968 pesos. La Dirección Legal informó que no pudo confirmar su existencia tras revisar los archivos. Los auditores mantuvieron la observación porque las respuestas no aportaron la garantía requerida.   

Contratos y adendas sin evidencia de registro  

Asimismo, el hallazgo sobre el registro abarca los 2 contratos y las 4 adendas por 867.282.729 pesos. Frente al argumento de EDEESTE de que no estaba habilitada para usar el sistema electrónico de la Contraloría, los auditores concluyeron que esa limitación no la eximía de registrar los instrumentos: existía una vía alternativa mediante la remisión de copias certificadas y documentos de respaldo a la Unidad de Auditoría Interna.   

Los dos  contratos se firmaron fuera de plazo   

En cuanto a los plazos de firma, el informe señala que los 2 contratos, por 650.565.227 pesos, se firmaron fuera del plazo contado desde la notificación de la adjudicación: registra retrasos de 20 días hábiles para el contrato de 2019 y de 2 días hábiles para el de 2024. La Dirección Legal comunicó que no encontró motivaciones, informes técnicos ni actos administrativos que explicaran esas actuaciones. El ente regulador mantuvo el hallazgo porque no se aportó evidencia de que las firmas se realizaran dentro de los plazos establecidos.   

Alcance de los montos observados   

Conviene distinguir, además, que un mismo contrato, adenda o pago puede figurar en más de un hallazgo. El informe no presenta esos montos como partidas independientes que deban sumarse para calcular un perjuicio económico total.   

Los contratos y sus adendas   

En cuanto a las contrataciones, la descripción de los hechos recoge un contrato firmado el 6 de junio de 2019 por 254 millones 778 mil 48 pesos, con vigencia del 3 de junio de 2019 al 3 de junio de 2022, al que se añadieron cuatro adendas. También presenta un segundo contrato por 395 millones 787 mil 179 pesos, con vigencia del 1 de marzo de 2024 al 1 de marzo de 2026.   

El contrato de 2019 se adjudicó mediante una licitación pública nacional y, según el informe, establecía una tarifa de 85 pesos por hora. Para el contrato de 2024, el documento registra tarifas de 161 pesos por hora diurna y 172 pesos por hora nocturna. Su objeto es proteger a las personas, los bienes y la operatividad diaria de EDEESTE.   

El mismo apartado identifica a Quilvio Bienvenido Rodríguez González como representante de SENASE y consigna las fechas de firma y los montos de las cuatro adendas: la primera, el 2 de febrero de 2023, por 94 millones 583 mil 985 pesos; la segunda, el 28 de agosto de 2023, por 55 millones 148 mil 881 pesos; la tercera, el 4 de octubre de 2023, por 45 millones 780 mil 667 pesos; y la cuarta, el 28 de febrero de 2024, por 21 millones 203 mil 969 pesos.   

Desembolsos reportados por año   

Por su parte, el cuadro de desembolsos a SENASE registra 75 millones 708 mil 731 pesos en 2019; 84 millones 452 mil 553 pesos en 2020; 95 millones 82 mil 714 pesos en 2021; 70 millones 584 mil 572 pesos en 2022; 134 millones 175 mil 726 pesos en 2023; y 133 millones 692 mil 466 pesos en 2024. Para 2025, hasta el 18 de marzo, consigna 25 millones 419 mil 171 pesos.   

Parte de esos pagos figura en el hallazgo sobre expedientes incompletos, descrito anteriormente. La falta de documentos de respaldo señalada por los auditores no equivale a afirmar que los servicios no se prestaron.   

Objeto y alcance de la investigación   

La investigación se originó en una solicitud de Mirna Ortiz Fernández, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). La petición, formulada mediante el oficio 0977-2025, del 15 de agosto de 2025, abarcaba contratos, pagos y desembolsos de fondos públicos vinculados con la compañía de seguridad SENASE desde 2020.   

En ese marco, el documento señala que la Resolución ADM-2026-002, del 16 de enero de 2026, modificó el alcance de la investigación para abarcar la contratación, la ejecución y los pagos entre el 1 de enero de 2019 y el 18 de marzo de 2025.   

Con ese alcance, los objetivos específicos eran evaluar las etapas de selección, adjudicación, contratación, ejecución y pago; comprobar la autenticidad, integridad y suficiencia de los documentos de respaldo; y verificar que los servicios pagados se hubieran prestado conforme a los términos contractuales. Estos objetivos describen lo que se buscaba comprobar, no los resultados del examen.   

Contexto externo al informe de auditoría 

Como contexto externo a la auditoría, las contrataciones de la compañía SENASE examinadas a solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa también están relacionadas con la Operación Lobo. El Ministerio Público presentó una acusación por presuntos sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad en instituciones públicas, incluida EDEESTE.   

En ese expediente figuran como acusados oficiales militares y policiales y el empresario representante de SENASE. Según la Procuraduría General de la República, la PEPCA desarrolló la operación con apoyo de la Dirección General de Persecución. Este contexto no forma parte del informe de auditoría ni de sus hallazgos.   

Las explicaciones de EDEESTE y de exfuncionarios   

Por su parte, en respuesta al hallazgo sobre el registro de contratos, el gerente general de EDEESTE, Emilio Contreras Hernández, sostuvo en su réplica del 18 de septiembre de 2026 que la empresa no había estado habilitada para registrar sus contratos en la Contraloría entre 2019 y septiembre de 2024. Señaló que una comunicación de ese organismo del 19 de febrero de 2025 había concedido una dispensa y un régimen de transición para los pagos de contratos preexistentes, y había dispuesto que los procesos posteriores se tramitaran a través del sistema TRE Contratos.   

En relación con los expedientes de pago, la administración explicó que los procedimientos internos de la época exigían determinadas certificaciones durante la licitación y la adjudicación, pero no para cada factura mensual. También atribuyó las dificultades para localizar algunos documentos a la dispersión de los archivos.   

En ese contexto, el gerente de Contabilidad, Carlos David Lorenzo Delgado, informó el 26 de febrero de 2026 que en marzo de 2024 se había iniciado la presentación de solicitudes de pago para obtener la certificación de trámite correcto ante la Contraloría. Añadió que continuaba la búsqueda de controles de facturación, constancias de aceptación de los servicios, autorizaciones de transferencias, formularios de pago y desgloses de horas de servicio que no había podido entregar.   

Asimismo, el director de Finanzas, Juan Alberto Lora Troncoso, comunicó el 19 de marzo de 2026 que las certificaciones de la DGII y la TSS, y el documento RPE, se habían requerido anteriormente durante el proceso de compras. Según su respuesta, estos documentos pasaron a incorporarse a los expedientes de pago con la implementación del Sistema Unificado de Gestión de Pagos (SUGEP). También señaló dificultades para reunir los expedientes completos y explicó que la organización del archivo afectaba los tiempos de localización.   

Por otro lado, los exfuncionarios plantearon, entre otros argumentos, que los hechos debían delimitarse según sus períodos de gestión. Luis Ernesto de León sostuvo que solo el contrato de 2019 se había suscrito durante la suya y que las adendas y el contrato posterior correspondían a otras administraciones. Respecto de los expedientes incompletos, indicó que los diecinueve pagos atribuidos a su período en el cuadro del hallazgo correspondían a su gestión. Asimismo, manifestó que no había participado en la negociación, aprobación, suscripción, ejecución ni pago de las adendas cuestionadas.   

El exgerente Andrés Emmanuel Astacio Polanco alegó que las fechas de firma del contrato de 2019 y de los instrumentos posteriores quedaban fuera de su período de designación. La expresidenta del Consejo de Administración, María Luisa Carbonell, pidió que cualquier responsabilidad se determinara individualmente, con respeto al debido proceso, y no por el solo hecho de haber presidido ese órgano.   

La CCRD mantuvo los hallazgos y pidió medidas correctivas   

No obstante, las explicaciones sobre la implementación de los sistemas de la Contraloría, los procedimientos de pago y las dificultades de archivo no desvirtuaron los 6 hallazgos, según las conclusiones de los auditores. La CCRD mantuvo las observaciones sobre registro, plazos de firma, garantía, vigencia y límite de las adendas, y documentación de respaldo.   

En el plano jurídico, el informe vincula los hallazgos con responsabilidad administrativa y señala, además, indicios de responsabilidad penal en el hallazgo 3.5, relativo al excedente de 89.328.477 pesos en las adendas. Plantea la remisión de los resultados al Ministerio Público y remite al anexo 3 para identificar a quienes ocuparon los cargos durante los períodos correspondientes. Las conclusiones deben atender a la individualización de las responsabilidades y no constituyen una sentencia penal.   

En ese sentido, para el límite del 50 % en la contratación de servicios, la CCRD cita el artículo 31, numeral 4, de la Ley 340-06 y el artículo 127 del Decreto 543-12. Para los indicios penales, invoca el artículo 49 de la Ley 10-04 y los artículos 123 y 124 del Código Penal dominicano. El cuadro de conclusiones jurídicas sitúa el período de ocurrencia del hallazgo 3.5 entre el 4 de junio de 2022 y el 29 de febrero de 2024.   

Finalmente, la Cámara de Cuentas recomienda reforzar los controles sobre el registro de contratos, plazos de firma, garantías y soportes de pago, y disponer la elaboración de un Plan de Acción Correctivo en 25 días hábiles desde la notificación del informe. El documento cita el artículo 122 del Reglamento de Aplicación de la Ley 18-24 y el artículo 69 de esa ley: las medidas deben atender las observaciones, conclusiones y recomendaciones, y su aplicación será verificada por la CCRD.