Más de 53 mil prófugos evidencia ineficiencia histórica de los organismos de seguridad del Estado

SANTO DOMINGO.- La existencia de 53,877 personas con órdenes pendientes de localización y arresto deja al descubierto una ineficiencia histórica de los organismos de seguridad del Estado para localizar y poner a disposición de la justicia a personas requeridas por los tribunales. BuscarTours

La cifra, revelada por la Policía Nacional, representa un enorme acumulado de órdenes que, pese a estar emitidas y contar con personas identificadas, permanecen pendientes de ejecución.

El dato plantea una interrogante fundamental: ¿cómo es posible que decenas de miles de personas requeridas por la justicia permanezcan durante largos períodos fuera del alcance de las autoridades?

No se trata únicamente de la cantidad de órdenes existentes, sino de la capacidad real del Estado para hacerlas cumplir. La acumulación de más de 53 mil casos pendientes evidencia que los mecanismos de investigación, inteligencia, localización y captura no han sido suficientemente efectivos para responder a esta realidad.

Entre las personas buscadas figuran 17,635 vinculadas a violencia de género, 11,587 por agresiones físicas, 5,951 relacionadas con agresiones sexuales, 2,761 por delitos cibernéticos y 2,681 vinculadas a homicidios, además de otras categorías como amenazas.

Particularmente preocupante resulta la presencia de 2,681 personas requeridas por homicidio, debido a la gravedad de estos casos y al riesgo que supone que personas vinculadas a este tipo de hechos permanezcan sin ser localizadas.

Un problema que se acumula

Los registros también muestran casos de personas que acumulan múltiples expedientes. José Luis Mateo Medina figura con 41 registros, mientras que José Amaury Pérez aparece con 34 hechos delictivos.

La existencia de individuos con decenas de registros plantea cuestionamientos adicionales sobre la capacidad de las instituciones para identificar, localizar y detener oportunamente a personas que aparecen reiteradamente vinculadas a actividades delictivas.

Aunque la Policía asegura que mantiene equipos trabajando en la localización de los requeridos, la magnitud del registro revela que el problema no comenzó ahora y tampoco puede atribuirse exclusivamente a una administración o a un organismo determinado. Se trata de una acumulación que refleja las dificultades históricas del Estado dominicano para hacer efectivas las órdenes judiciales. Consultaratlas

Abinader reconoce que hay equipos tras los buscados

El presidente Luis Abinader reiteró el llamado a las personas que tienen órdenes de arresto para que se entreguen a las autoridades y afirmó que equipos especializados trabajan en su localización.

“A los que tienen muchas fichas, que creo que son unos 70, y que son de alta peligrosidad, lo que nosotros les repetimos es que se entreguen. Porque hay equipo buscando”, expresó el mandatario.

Abinader también anunció el fortalecimiento de la Policía Nacional mediante la incorporación de tecnología, equipos y nuevos agentes, con énfasis en el patrullaje por cuadrantes.

Sin embargo, el volumen de órdenes pendientes coloca al Estado ante un reto que va más allá del patrullaje preventivo: localizar y capturar a quienes ya están identificados y son requeridos por la justicia.

12 fugados siguen sin ser capturados

A este escenario se suman las fugas de personas privadas de libertad. Desde 2025 se han registrado 37 casos, de los cuales 21 personas fueron reapresadas, 12 permanecen pendientes de captura y cuatro fallecieron en diferentes circunstancias.

La acumulación de órdenes de arresto sin ejecutar y la existencia de personas fugadas que todavía no han sido reapresadas alimentan el cuestionamiento sobre la capacidad operativa del Estado para garantizar que quienes son requeridos por la justicia efectivamente lleguen ante los tribunales.

Con 53,877 órdenes pendientes, el desafío para los organismos de seguridad no es solamente anunciar nuevas estrategias: es demostrar que cuentan con la capacidad para localizar, capturar y entregar a la justicia a miles de personas que las propias autoridades aseguran tener identificadas.

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