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El autodenominado detective Ángel Martínez fue condenado a un año de prisión suspendida y al pago de una indemnización de RD$2 millones, tras declararse culpable de los hechos por los que fue procesado por difamación e injuria contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. Serviciospoliciales
La decisión fue emitida por la jueza Clara Luz Almonte, de la Sala Penal del Distrito Nacional, durante la audiencia celebrada este martes.
A su salida del tribunal, el abogado de Raful, Miguel Valerio, destacó como elemento principal del proceso la declaración de culpabilidad de Martínez.
“Culpable, es lo importante. Yo creo que será la gran noticia con un penal abreviado”, declaró el jurista.
Valerio explicó que Martínez aceptó su responsabilidad penal y que el proceso concluyó con una condena de un año de prisión suspendida y una indemnización de RD$2 millones a favor de Raful.
“Él acepta la responsabilidad penal en una condena de un año de prisión. Evidentemente, habrá una indemnización de 2 millones de pesos a favor de la licenciada Faride Raful”, señaló.
El abogado sostuvo que, con su declaración ante el tribunal, Martínez reconoció su responsabilidad por los hechos que dieron origen al proceso.
“Él acaba de darlo. Hemos comprobado que era culpable de todo lo que hizo en el tribunal”, afirmó Valerio, quien explicó que el caso se manejó mediante un procedimiento penal abreviado.
¿Cómo comenzó el caso?
El proceso judicial se originó a partir de una querella presentada por Raful contra Martínez por declaraciones difundidas a través de plataformas digitales, en las que, según la acusación, se hicieron afirmaciones sobre supuestos vínculos de la funcionaria con el narcotráfico.
La querella fue depositada el 30 de mayo de 2025 ante el Ministerio Público, acompañada de una constitución en actor civil.
En julio de ese mismo año, a Martínez le fueron impuestas medidas de coerción que incluyeron impedimento de salida del país, una garantía económica y el uso de un grillete electrónico.
Raful había reclamado inicialmente RD$50 millones como indemnización por los daños que, según alegó, las declaraciones ocasionaron a su honor, imagen pública y reputación.
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