Santo Domingo.- Lo que debía garantizar que miles de estudiantes recibieran diariamente su alimentación escolar se ha convertido, según un grupo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) suplidoras, en el centro de una disputa por evaluaciones, adjudicaciones y contratos que consideran cuestionables.

Durante una protesta frente al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), las empresas afectadas reclamaron este lunes que se investiguen las presuntas irregularidades en el proceso de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y pidieron que se detenga la entrega de anticipos a contratos cuestionados hasta que concluyan las verificaciones.

Elizabeth Berigüete, consultora de mipymes y vocera de los afectados, afirmó que algunas cocinas que fueron adjudicadas estarían entregando alimentos de mala calidad a los estudiantes, mientras empresas que, según sostuvo, cumplieron con los requisitos quedaron fuera del proceso.

“La mayoría de las que están fuera deberían estar dentro y una gran parte de las que están dentro deberían estar fuera”, puntualizó.

Berigüete estimó en unas 800 las mipymes afectadas, aunque aclaró que el número no es lo fundamental, al tiempo que aseguró reciben quejas desde distintas provincias.

Berigüete sostuvo, además, que las autoridades del Inabie han tenido que suspender varias cocinas, algo que, a su juicio, demuestra que las advertencias formuladas durante el proceso debieron ser tomadas en cuenta.

Elizabeth Berigüete, consultora de Mipymes y vocera de los afectados, dijo que las situaciones que han pasado con los estudiantes por el almuerzo escolar, son una muestra de la mala elección de las cocinas. Elieser Tapia.

“Los resultados son amargos, insatisfactorios”, expresó, al referirse a la situación que, según dijo, enfrentan tanto estudiantes que reciben el servicio como las Mipymes que quedaron fuera.

Piden revisar cocinas y puntuaciones

Las Mipymes reclaman que se publiquen los expedientes completos de los oferentes y las evidencias de las inspecciones, así como nuevas inspecciones sin previo aviso.

También solicitaron que sean revisadas las puntuaciones otorgadas durante el proceso de evaluación, debido a que, según argumentan, una variación en un punto puede cambiar la posición de un oferente y, con ello, determinar quién recibe centros educativos y raciones.