Santo Domingo.- La Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal tiene previsto conocer el dia de hoy,  la solicitud de medida de coerción a  Ángel Gabriel Capellán, conocido como “El Pastor” o “Capellán”, acusado por el Ministerio Público de presunto maltrato físico y psicológico y trabajo o servicio forzado en perjuicio de menores de edad que permanecían en una propiedad vinculada a la Fundación Restaurando Vida, “Un Muerto que Revive”, en el municipio de Bajos de Haina. DescargaGuías Viaje

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, a quienes atribuye presuntas violaciones relacionadas con maltrato y trabajo o servicio forzado en perjuicio de niños, niñas y adolescentes, además de otras infracciones contempladas en las leyes 137-03 y 136-03.

El conocimiento de la medida de coerción había sido aplazado en la audiencia anterior, luego de que la defensa informara que todavía estaban pendientes varias evaluaciones y diligencias relacionadas con los niños y adolescentes involucrados en el proceso. El abogado de Capellán sostuvo que esas actuaciones debían completarse antes de continuar con el proceso y aseguró que, hasta ese momento, ninguno de los padres de los menores había presentado una querella contra su defendido.

La investigación que llevó a las autoridades hasta la fundación comenzó después de que un menor de 12 años escapara del lugar el pasado 28 de agosto y denunciara ante las autoridades las presuntas condiciones en las que se encontraban los niños.

Tras recibir la denuncia, las autoridades intervinieron el establecimiento y rescataron a 14 menores de edad que permanecían en una propiedad relacionada con la Fundación Restaurando Vida.

 

 

 

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, los menores habrían sido sometidos a golpes, quemaduras, privación de alimentos y trabajos forzados. La Fiscalía sostiene, además, que la Fundación Restaurando Vida “Un Muerto que Revive” no contaba con autorización para operar como hogar de acogida para niños, niñas y adolescentes.

Entre los documentos ocupados durante los allanamientos figura una comunicación del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), fechada el 30 de octubre de 2020, mediante la cual se habría dispuesto la suspensión del funcionamiento de la fundación y prohibido el ingreso de menores de edad a sus instalaciones.