SANTO DOMINGO.- La Fiscalía de Violencia de Género apresó al empresario de nacionalidad china Po Xie, propietario de la tienda Mudan ubicada en la avenida Duarte en la capital, por su presunta implicación en un caso de violencia de género.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el arresto se produjo luego de que el empresario supuestamente agrediera a Tania Iris Naomi Valdez Sánchez, quien habría sido golpeada en distintas partes del cuerpo.

Las autoridades indicaron que el detenido fue arrestado en su residencia mediante la intervención del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, tras llamadas de vecinos que alertaron sobre una situación de violencia en el lugar.

Se recuerda que Po Xie había sido arrestado anteriormente en junio del año pasado, en cumplimiento de una orden emitida por la jueza de instrucción del Distrito Nacional, tras una querella presentada por la Dirección General de Migración (DGM).

En aquella ocasión, su detención fue realizada por unidades de inteligencia e interdicción de la DGM mientras transitaba por el sector Villa Consuelo, en cumplimiento de la autorización judicial No. 001-junio-2025, emitida por la magistrada Kenia S. Romero Severino.

El expediente anterior señala que el empresario habría incurrido presuntamente en obstrucción de labores de interdicción migratoria y rebelión contra las autoridades en el ejercicio de sus funciones, en violación de disposiciones del Código Penal, el Código Civil y la Ley General de Migración No. 285-04.

Según el documento acusatorio, durante un operativo realizado el pasado 28 de mayo en su establecimiento comercial, el imputado habría agredido verbal y físicamente a miembros de la brigada de interdicción migratoria, entre ellos agentes de la Dirección General de Migración y personal de apoyo de las fuerzas de seguridad.

Durante ese operativo fueron detenidos 35 ciudadanos haitianos que laboraban en condición migratoria irregular, según las autoridades.

Por este proceso, el imputado cumple actualmente una medida de coerción consistente en una garantía económica de RD$100,000 bajo contrato y presentación periódica ante las autoridades competentes.