El expresidente Leonel Fernández consideró este miércoles que el memorándum de entendimiento suscrito entre Estados Unidos y República Dominicana para recibir deportados de terceros países no tiene carácter jurídicamente vinculante, por lo que, a su juicio, el país no está obligado a acatar decisiones adoptadas por tribunales estadounidenses.

“No es oponible y por tanto no está sujeto a ejecución. Eso es lo que podemos opinar desde el punto de vista legal”, explicó Fernández.

El también presidente de la Fuerza del Pueblo añadió que no existe ningún compromiso legal que obligue al país a aceptar este mecanismo y advirtió que hacerlo “ciertamente constituye una violación de la soberanía nacional”.

“Una sentencia es una expresión de soberanía y, si se trata de “algo que no nos atañe, no estamos obligados a cumplirla”.

Fernández se refirió al tema al concluir el primer Congreso Internacional de Geopolítica República Dominicana 2026.

Acuerdo por un año

El Gobierno dominicano informó este miércoles que recibirá mensualmente a unos 30 deportados de terceros países procedentes de Estados Unidos, tras la firma de un acuerdo de cooperación con vigencia de un año.

El canciller Roberto Álvarez explicó en rueda de prensa que las personas trasladadas permanecerán en territorio dominicano entre siete y quince días, mientras se coordinan los trámites para su retorno a sus países de origen.

Álvarez precisó que el Gobierno estadounidense asumirá todos los costos relacionados con estas operaciones.

El Ejecutivo había adelantado que el acuerdo excluye a ciudadanos haitianos y a menores no acompañados, y que su objetivo es “facilitar” el retorno de nacionales de terceros países deportados por Washington.

No obstante, las autoridades dominicanas aún no han definido el lugar exacto donde permanecerán los deportados. Según indicó el canciller, estas personas estarán bajo vigilancia permanente y contarán con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Reacciones divididas

La firma del acuerdo ha generado posiciones encontradas entre dirigentes políticos y distintos sectores de la sociedad dominicana, en medio del debate sobre sus implicaciones legales, migratorias y de soberanía nacional.