Por Manuel Santos Mercedes
@manuel.santosmercedes
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Un amplio rechazo se ha generado en distintos sectores sociales, comunitarios y productivos de la provincia San Juan de la Maguana, luego de que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expresara públicamente su respaldo a la actividad minera en medio de la tensión provocada por el proyecto de la empresa GoldQuest.
Las declaraciones del legislador se producen apenas horas después de una huelga general de 24 horas que paralizó gran parte de la provincia, en rechazo a las intenciones de exploración minera en la zona de Romero, lo que ha intensificado el debate nacional sobre el futuro ambiental y económico de esa demarcación.
Diversas organizaciones sociales, agricultores, ambientalistas y líderes comunitarios calificaron como “desacertadas” las afirmaciones del presidente del Senado, quien defendió la minería como una actividad indispensable y aseguró que puede coexistir con la producción agrícola.
Los opositores sostienen, sin embargo, que el modelo extractivo representa una amenaza directa para los recursos hídricos y la vocación agrícola del llamado “Granero del Sur”.
El senador, representante de la provincia Sánchez Ramírez, reiteró su postura a favor de la minería al señalar que esta es esencial en la vida moderna y cuestionó a quienes rechazan estos proyectos mientras utilizan productos derivados de la industria minera. Asimismo, afirmó que presentará datos comparativos sobre la productividad agrícola entre su provincia y San Juan de la Maguana, tomando como referencia la operación minera de Barrick Gold en esa zona.
No obstante, en San Juan, el descontento continúa en aumento. Voceros comunitarios han advertido que las protestas podrían intensificarse en los próximos días, alegando que la defensa de la minería por parte de altas autoridades del Estado desconoce el clamor popular expresado en las calles.
En cuanto al impacto ambiental, aunque el presidente del Senado reconoció que toda explotación minera genera efectos, aseguró que estos pueden ser controlados si se aplican estándares responsables. Sin embargo, expertos y grupos ambientalistas mantienen reservas sobre la viabilidad de mitigar los daños en una zona de alta sensibilidad ecológica.
Por su parte, la empresa GoldQuest ha reiterado que actualmente se encuentra en fase de exploración y que los estudios de impacto ambiental serán determinantes para definir la viabilidad del proyecto.
En medio de este escenario, el presidente Luis Abinader emitió los decretos 236-26 y 285-26, orientados al desarrollo integral de la provincia, aunque estos no han logrado disipar la creciente controversia en torno a la minería.
El conflicto evidencia una marcada división entre la visión de desarrollo promovida desde el Estado y las preocupaciones de las comunidades locales, que exigen ser escuchadas antes de cualquier decisión que comprometa su territorio.
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