La pastora Rossy Guzmán, implicada en el caso Coral, al solicitar al tribunal la absolución total, defendió su integridad y cuestionó la solidez de las pruebas presentadas en su contra por el Ministerio Público.

La pastora hizo un llamado directo al tribunal para que actúe bajo los principios de objetividad y el respeto a la presunción de inocencia, tal como lo establece el Código Procesal Penal.

“Confío en que este tribunal emita un fallo justo basado en la verdad y en las pruebas que se han presentado”, señaló al pronunciar una palabra final en su defensa material.

Guzmán sostuvo que aunque la prisión la retuvo físicamente, su fe y su convicción de inocencia permanecen intactas.

Explicó que su presencia constante en las audiencias es una prueba de su disposición a dar frente a los cargos, a pesar de lo doloroso que ha sido el proceso de ser procesada sin, según ella, haber sido interrogada debidamente en fases previas.

Guzmán describió el proceso judicial como un punto de inflexión devastador que ha transformado radicalmente su entorno personal y familiar, asegurando que las imputaciones carecen de coherencia y sustento legal.

La religiosa centró su defensa en lo que denomina “inconsistencias” por parte de los órganos persecutores, planteando interrogantes directas al tribunal sobre la validez del expediente, sugiriendo que los hechos que se le imputan no se ajustan a la realidad de los acontecimientos.

Rossy Guzmán sostiene que no busca un trato preferencial por su condición de líder religiosa, sino que se aplique el debido proceso y se respete lo establecido en la normativa jurídica vigente.

“No pido privilegios. Simplemente pido que se evidencie la verdad, porque la ley es clara cuando existen dudas”, manifestó ante las jueces Gisell Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo.

La imputada subrayó el sufrimiento que ha atravesado su círculo íntimo, reiterando que ha tenido que “resistir” a lo largo de un proceso que considera desproporcionado.

Rossy Guzmán apela a la presunción de inocencia: “Mi autoridad no se forjó en colores, sino en el silencio de una prisión”

Rossy Guzmán dijo que se dirigía al tribunal no desde su rol profesional, sino como una ciudadana que asegura haber sido marcada por un proceso judicial que le arrebató 18 meses de libertad.

Para la imputada, el Caso Coral ha dejado de ser un conjunto de documentos legales para convertirse en un sacrificio de tiempo irreparable.

Guzmán lamentó profundamente el impacto que la medida de coerción tuvo no solo en ella, sino en su hijo, quien también se encuentra vinculado al proceso.

Indicó que desde el inicio de las investigaciones, ha comparecido ante la justicia para defender su inocencia, asegurando que siempre trató de “andar correctamente” en su vida privada y profesional.