Las defensas técnicas de los exministros de Hacienda y administrativo de la Presidencia, presentaron ayer sus argumentos en busca de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dicte un no ha lugar en su favor.

De acuerdo con lo dicho por la barra de defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, los pagos por expropiaciones realizados durante su gestión respondieron exclusivamente al cumplimiento de obligaciones legales del Estado dominicano, derivadas de sentencias judiciales definitivas, decretos de expropiación y avalúos oficiales emitidos por la Dirección General de Catastro Nacional.

La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (PEPCA) lo acusa de desfalcar al Estado mediante el pago de expropiaciones y otros presuntos delitos en perjuicio del Estado.

Eduardo Núñez, abogado de Guerrero, señaló que más del 40 % de los pagos fueron ordenados directamente por tribunales, incluidas decisiones de la Suprema Corte de Justicia, mientras que el resto se realizó con base en tasaciones técnicas elaboradas por Catastro Nacional, en muchos casos por debajo del valor de mercado y posteriormente ratificadas judicialmente. “Cumplir una sentencia judicial no es corrupción”, subrayó.

Precisó que el Ministerio de Hacienda no fijó precios, no seleccionó beneficiarios ni resolvió disputas de titularidad. “Hacienda actuó como un ejecutor administrativo. Su función se limitó a verificar la documentación exigida por la ley y a ejecutar pagos ya determinados por decretos, avalúos oficiales o sentencias definitivas. No existió margen alguno de discrecionalidad”, afirmó.

Defensa de Peralta

En tanto que los representantes de José Ramón Peralta, exministro administrativo, expresaron que durante su gestión no existieron denuncias, auditorías ni hallazgos oficiales que evidencien irregularidades atribuibles a su actuación.

Los abogados Santiago Rodríguez, Pedro Balbuena y Emely Rodríguez enfatizaron que el ejercicio de la función pública de Peralta no estuvo acompañado de beneficios económicos personales, destacaron que no se demostró cobro indebido, soborno ni recepción de dádivas vinculadas a decisiones administrativas.

La defensa subrayó que el Ministerio Administrativo de la Presidencia no figura como institución imputada ni investigada dentro del expediente, ni se han presentado informes de órganos de control que señalen procesos irregulares durante ese período.

El equipo legal indicó que se enfocaron en desarticular una acusación que califican de manipulada, “genérica” y sin hechos precisos, y señalaron que se fundamenta en testimonios de delatores interesados y sin corroboración.

Lo que dice Peralta y lo que dice la PEPCA

Según los juristas, el proceso ignora que no existen registros de actuaciones ilícitas bajo la gestión de Peralta, y que los montos presentados por la fiscalía presentan inconsistencias.

En el proceso por corrupción administrativa seguido contra los exministros Guerrero, Peralta, Gonzalo Castillo y compartes, se les imputa defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.