La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) gestiona aproximadamente el 99% de los procesos en materia de niños, niñas y adolescentes (NNA) en conflicto con la ley penal, según afirmó el Defensor Público, Guillermo Camilo, un experto con 20 años de experiencia en el área.
Camilo destacó que, contrariamente a la percepción popular, las cifras de procesos judiciales de menores de edad se mantienen históricamente estables y son significativamente menores en comparación con la delincuencia adulta.
Hasta el 4 de diciembre del presente año, la Defensa Pública había registrado 1,435 procesos de menores de edad. Camilo enfatizó que esta cifra es la tendencia constante, oscilando históricamente en el rango de «1,000 y algo de procesos juveniles» y «Nunca ha pasado de ahí».
El Defensor Público señaló una marcada discrepancia entre la percepción ciudadana y los datos reales, al comparar la «fragilidad de la criminalidad adolescente» con los casos de adultos, que anualmente rondan los 21,000 a 25,000 procesos.
Para Camilo, el verdadero problema no reside en una explosión de casos, sino en la «ausencia de políticas públicas efectivas» dirigidas a los sectores más vulnerables del país.
El Defensor Público hizo un llamado urgente al Estado para implementar acciones concretas, basándose en los artículos 55 (protección a la familia) y 56 (persona menor de edad) de la Constitución.
Puso como ejemplo la necesidad de crear iniciativas dirigidas directamente a las comunidades más necesitadas.
También asegurar la capacitación técnica a adolescentes entre 16 y 18 años (Numeral 4 del Art. 56) para suplir sus necesidades básicas futuras.
Propuso facilitar la formación en empresas existentes en esos sectores (por ejemplo fabricación de zapatos o gorras) e involucrar a la comunidad en el trabajo con la niñez y adolescencia en su propio barrio.
Camilo habló del tema durante su participación en el “Panel de Expertos” del Listín Diario, en esta ocasión para analizar el fenómeno de los menores en la delincuencia, encabezado por el director de este periódico, Miguel Franjul.
También participaron el experto en régimen penitenciario, Roberto Santana; el psicólogo Luis Vergés; el general José Santana, director de la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescente; el defensor público, Guillermo Camilo; el encargado de la División de Protección y Restitución de Derechos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Felin Hernández; la técnica del Departamento de Riesgos Sicosociales del Ministerio de Educación, Kastiuka Santana; y la psicóloga policial, Rumilda Belliard.
Camilo también mencionó que, si bien instituciones como la Dirección General de Servicios de Atención a la Niñez y la Adolescencia (DINAE) realizan esfuerzos, estas carecen del presupuesto adecuado, sugiriendo una asignación presupuestaria insuficiente para el área especializada de adolescentes.
Evolución del Sistema Penal Juvenil
El Defensor abordó las complejidades del sistema de justicia penal juvenil dominicano, recordando que el país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1991, lo que obligó a adaptar su normativa. El sistema integral actual se estableció finalmente en el año 2003.
Un punto clave que resaltó Camilo fue el intento fallido en 2013 de bajar la edad de imputación.
Aunque la premisa de que los adolescentes eran los mayores infractores resultó ser incorrecta, el resultado fue un aumento en las sanciones.
De 13 hasta cumplir 16 años: La pena/sanción subió de uno a cinco años, mientras que de 16 hasta cumplir 18 años: La pena/sanción subió de uno a ocho años.
La normativa actual establece que menores de 13 años no pueden ser sancionados y son remitidos a un proceso distinto al de los adolescentes imputables, con un enfoque de protección de la ley.
Camilo concluyó su intervención destacando que los desafíos pendientes se centran en un enfoque restaurativo y en robustecer las políticas públicas que aborden las causas estructurales de la vulnerabilidad juvenil.
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