Santo Domingo Este. — Residentes del Residencial San Isidro Labrador denunciaron este martes que la administración del proyecto habitacional estaría bloqueando el pago directo de la tasa municipal de basura a la Alcaldía de Santo Domingo Este, con el presunto objetivo de presionarlos a saldar atrasos de mantenimiento generados por un servicio que califican de deficiente.
Los propietarios aseguran que, pese a que la Ley 176-07 establece que los ayuntamientos son los responsables legales de cobrar la tasa de recogida de residuos, la administración del residencial insiste en cobrarla internamente, alegando acuerdos propios que, según los residentes, no existen en ninguna ordenanza municipal.
La situación ha generado malestar porque —según los denunciantes— la administración utiliza este cobro como herramienta de presión, acumulando supuestas deudas internas de mantenimiento y negándose a permitir que cada propietario salde directamente su tasa municipal ante el cabildo, como establece la normativa.
“Nosotros queremos pagar nuestra basura directamente en la Alcaldía, como manda la ley. Pero la administración no quiere porque pierde el control que ejerce sobre los residentes usando ese dinero como chantaje para obligarnos a pagar atrasados por un servicio que ellos mismos no ofrecen correctamente”, aseguró uno de los propietarios.
Ante esta situación, los residentes solicitaron formalmente la intervención del alcalde Dio Astacio, con el fin de que el municipio restablezca el proceso de cobro de arbitrios de forma directa, transparente y sin intermediarios privados.
Expertos en derecho municipal consultados explicaron que un residencial no puede impedir que un ciudadano pague sus arbitrios directamente en la alcaldía, y menos aún vincular ese servicio público con deudas internas de mantenimiento.
La comunidad exige que el cabildo confirme públicamente que la tasa de aseo es cobrada solo por la Alcaldía, y que ninguna administración privada tiene autoridad para retenerla o condicionarla al pago de otras obligaciones que no están contempladas en la ley.
Los residentes anunciaron que continuarán elevando la denuncia hasta que se garantice su derecho a pagar directamente al municipio y evitar lo que consideran una práctica abusiva y contraria a la ley.
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