Cotuí. Sánchez Ramírez. – Un grupo de parceleros y familias rurales del municipio de Villa La Mata, en Cotuí, denunció un presunto intento de despojo de las tierras que les fueron otorgadas hace décadas por disposición del expresidente Joaquín Balaguer, como parte de un proceso de reforma agraria que benefició a decenas de productores locales.
Según relataron los afectados, en los últimas meses han surgido supuestos propietarios que reclaman derechos sobre terrenos históricamente cultivados por campesinos que poseen títulos de asentamiento y constancias del Instituto Agrario Dominicano (IAD). La situación, que se ha intensificado con actuaciones de autoridades judiciales en materia de tierras, ha generado preocupación y un profundo sentimiento de indefensión en las comunidades agrícolas del entorno.
Una disputa que amenaza el tejido rural
De acuerdo con los testimonios recogidos, la magistrada de Tierras del municipio de Cotuí aparentemente, busca favorecer actuaciones judiciales que benefician a particulares que no son reconocidos por los residentes como legítimos propietarios. Los parceleros aseguran que no se han presentado documentos válidos que respalden la titularidad de esos reclamantes, y que, por el contrario, la documentación de los campesinos proviene de los procesos de regularización impulsados por el Estado durante los años setenta.
“Estas tierras fueron entregadas por el doctor Balaguer a nuestros padres. Aquí hemos trabajado por generaciones, cultivando para vivir dignamente”, expresan los productores, quienes reclaman respeto a los derechos agrarios adquiridos conforme a la ley. El caso, según denuncian, pone en riesgo la estabilidad social, la seguridad alimentaria y la confianza en las instituciones públicas.
El deber de proteger los derechos agrarios
Según relata la señora Jacobina Polanco, madre de 7 hijos y varios nietos y biznietos, esa parcela le fue entregada por el doctor Balaguer vía el Instituto Agrario Dominicano (IAD) con un título de la época a ella y su difunto esposo hace más de 50 años para que ahora un grupo de personas a quienes nadie conoce en todo Cotui aparezcan diciendo que esas tierras son de su propiedad.
«Imagínese yo, una mujer envejeciente, viuda y enferma, si me quitan esa parcelita no sé qué voy a hacer con mi vida», señaló anguastiada la madre.
La legislación dominicana establece que las tierras entregadas en procesos de reforma agraria son inalienables e imprescriptibles, salvo autorización expresa del Estado. Cualquier intento de despojo o transferencia irregular constituye una violación a la Ley 5879 sobre Reforma Agraria y a la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, además de un atentado contra la función social de la propiedad.
Expertos consultados en materia agraria destacan que los tribunales deben actuar con independencia, pero también con profundo respeto a la historia de los asentamientos campesinos, evitando interpretaciones que puedan favorecer intereses privados en detrimento del bien común. “Cuando la justicia agraria se desliga del sentido social que la sustenta, se abre la puerta a la inseguridad jurídica en el campo”, advierten.
Llamado al Presidente de la República
Ante la gravedad de la situación, los pareceleros hacen un ferviente llamado al Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, para que ordene una investigación exhaustiva sobre las actuaciones judiciales y administrativas vinculadas a este caso, garantizando el respeto a los derechos legítimos de los campesinos de Villa La Mata.
Asimismo, se solicita la intervención del Instituto Agrario Dominicano, la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental, dirigido por la doctora Milagros Ortíz Bosch, a fin de determinar posibles responsabilidades y aplicar sanciones disciplinarias o judiciales a quienes hayan actuado en contravención de la ley o de los principios de justicia social consagrados en la Constitución.
Una lucha por la tierra y la dignidad
Lo que ocurre en Villa La Mata «no es un conflicto aislado, sino un reflejo de los desafíos que enfrenta el país para garantizar la seguridad jurídica de los productores rurales. Los campesinos dominicanos continúan siendo guardianes del territorio, de la producción agrícola y de la identidad cultural del país. Defender sus derechos es, en esencia, defender la soberanía alimentaria y el desarrollo humano del campo dominicano», explicó uno de los afectados.
De su lado, el destacado comunicador de la Provincia Sánchez Ramírez, Melkiades De La Cruz, sotuvo que «como periodista especializado en diferentes áreas, sostengo que el Estado debe reafirmar su compromiso con la justicia agraria y con la ética pública. No se trata solo de resolver una disputa de propiedad, sino de honrar la palabra empeñada por la historia y proteger el legado de quienes han hecho del trabajo agrícola una forma de vida y de dignidad nacional».
Video tomado de RNN Noticias
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