Santo Domingo.– El nuevo director general interino del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, ha detenido el pago de contratos publicitarios legalmente suscritos y con servicios ya prestados a esa institución, en una acción que diversos suplidores califican como una violación de acuerdos institucionales y compromisos vigentes.
Según denunciaron fuentes vinculadas al área administrativa del IAD, desde la llegada de Castillo Lugo se paralizaron los procesos de pago de compromisos correspondientes a servicios de comunicación y difusión institucional ya ejecutados, pese a que dichos contratos cuentan con órdenes de servicio, facturas y aprobaciones regulares.
La medida, según los denunciantes, afecta a medios digitales, emisoras y empresas de comunicación que cumplieron con las campañas institucionales acordadas durante la gestión del anterior director, Francisco Guillermo García.
El nuevo incumbente, juramentado recientemente por el ministro de Agricultura Limber Cruz, asumió el cargo de manera interina y honorífica, en adición a sus funciones como Comisionado para las Reformas del Estado, conforme al decreto presidencial 574-25, que forma parte del proceso de reestructuración y unificación del IAD con el Ministerio de Agricultura.
Castillo Lugo aseguró durante su juramentación que trabajará para eliminar duplicidades y fortalecer la eficiencia administrativa, sin embargo, la suspensión de los pagos ha generado preocupación en los sectores afectados, que consideran la medida como un atropello a compromisos contractuales previamente avalados por el Estado.
El ministro Cruz había destacado que la fusión entre el IAD y Agricultura busca “fortalecer la política agraria nacional y optimizar la gestión pública”. No obstante, los afectados advierten que decisiones como la actual contradicen ese espíritu de eficiencia y transparencia que promueve el Gobierno del presidente Luis Abinader.
Fuentes cercanas a la institución afirmaron que los suplidores contemplan elevar comunicaciones formales al Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y la Contraloría General de la República, a fin de reclamar el cumplimiento de sus contratos y el desembolso de los pagos correspondientes.
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