Por Manuel Santos Mercedes
Santo Domingo. La República Dominicana se mantiene entre los países con mayor número de muertes y lesiones por electrocución en la región, muchas de ellas relacionadas con el robo de energía, conexiones ilegales y manipulación insegura del tendido eléctrico.
Según el Anuario de Muertes Accidentales y Violentas 2024, publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), durante ese año se registraron 204 fallecimientos por electrocución, de los cuales el 90.6% fueron provocados por contacto directo con cables y redes eléctricas energizadas. En el periodo comprendido entre 2007 y 2024, el acumulado nacional asciende a 3,391 muertes por esta causa.
La tendencia preocupa a las autoridades sanitarias y energéticas, ya que en su mayoría las víctimas son hombres jóvenes que realizan conexiones ilegales o manipulan líneas eléctricas sin la debida protección.
Un informe de la Unidad de Quemados Pearl F. Ort. del Hospital Ney Arias Lora indica que entre 2015 y 2020 se atendieron más de 230 casos de quemaduras eléctricas graves, siendo la manipulación del tendido eléctrico y los accidentes laborales las causas predominantes.
«“Los hospitales reciben cada año decenas de pacientes con quemaduras severas por electrocución. Muchos provienen de barrios donde se hacen conexiones informales para suplir la falta de energía o evitar el pago del servicio”, señaló un médico de la Unidad de Quemados del Ney Arias Lora.»
En tanto, las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs) mantienen operativos constantes para desmontar conexiones ilegales. Solo en 2025, EDEESTE reportó más de 8,000 reconexiones irregulares eliminadas en su zona de concesión, reflejando el alcance del problema.
Las EDEs vienen librando una batalla continua contra el robo eléctrico, trabajando en conjunto con la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) en procesos judiciales y acciones de fiscalización. A la vez, desarrollan campañas de orientación y publicidad dirigidas a concientizar a la población sobre los riesgos del robo de energía y las consecuencias legales.
De acuerdo con reportes institucionales, las intervenciones han permitido descubrir conexiones ilegales incluso en grandes mansiones, residenciales, tiendas, apartamentos, viviendas y negocios, lo que evidencia que el problema no se limita a sectores populares, sino que también involucra a usuarios de alto consumo y capacidad económica.
Además del impacto humano, el robo de energía representa pérdidas económicas superiores a US$500 millones anuales para el sistema eléctrico nacional, según la Superintendencia de Electricidad (SIE).
La paradoja, señalan expertos, es que mientras el país avanza hacia una cobertura eléctrica del 98.2% de los hogares, persisten las muertes y lesiones por manipulación del tendido, especialmente en comunidades de alta densidad urbana y zonas con infraestructuras eléctricas antiguas.
Llamado a la acción
Especialistas en salud y energía coinciden en que el país necesita reforzar la educación ciudadana, mejorar la supervisión técnica en las redes barriales y fortalecer los programas de regularización eléctrica.
«“Cada muerte por electrocución es una tragedia evitable. La prevención, la educación y la fiscalización deben ir de la mano”, expresaron representantes del Ministerio de Salud Pública consultados para este reportaje.»
Be the first to comment