SANTO DOMINGO.- En los últimos años, el manejo judicial de los grandes casos de corrupción en República Dominicana ha estado marcado por negociaciones y acuerdos que, en algunos escenarios, han permitido a los imputados reducir sanciones a cambio de devolver parte de los recursos malhabidos.
Aunque estas figuras legales son vistas por algunos como un mecanismo para recuperar fondos públicos y agilizar los procesos, distintos analistas advierten que podrían estar enviando un mensaje peligroso a la actual clase política y administrativa: que el costo de la corrupción es bajo y negociable.
“Si un funcionario roba cientos de millones y, al final, solo tiene que devolver una fracción para obtener beneficios judiciales, lo que se crea es un incentivo perverso: robar mucho para después acordar devolver poco”, opinó un experto en temas judiciales consultado.
El esquema plantea un dilema ético y práctico. Por un lado, el Estado puede recuperar recursos sin gastar años en procesos judiciales interminables. Pero, por otro, se debilita el efecto disuasivo de la ley, abriendo la puerta a que la corrupción sea percibida como una apuesta de bajo riesgo y alta rentabilidad.
En ese contexto, algunos juristas proponen reformas legales que permitan que los acuerdos se limiten a casos menores o de cooperación eficaz que aporten pruebas sustanciales, pero que excluyan a quienes hayan cometido grandes fraudes contra el erario.
La discusión cobra relevancia en un país donde la población exige transparencia y justicia, mientras observa cómo ciertos expedientes se diluyen en el tiempo o terminan con arreglos que generan más dudas que confianza.
La pregunta clave sigue siendo: ¿están los acuerdos judiciales debilitando la lucha contra la corrupción y, peor aún, alentando a que futuros funcionarios vean el robo de fondos públicos como un “negocio negociable”?
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