Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (injus) advirtió ayer que el proyecto de modificación a la Ley 225-20, sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, plantea preocupaciones en cuanto al impacto sobre el marco institucional, el desarrollo sostenible y la equidad en el acceso y provisión de los servicios de gestión de residuos.

El jurista aseguró en un documento que la propuesta comprometería los avances alcanzados en sostenibilidad ambiental y afectaría la equidad económica, participación plural y la gobernanza democrática.

Desde su óptica, la normativa podría propiciar una concentración indebida del mercado, limitando la competencia leal y restringiendo la incorporación de actores esenciales como las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), gestores comunitarios y empresas independientes que ya operan bajo estándares reconocidos de sostenibilidad.

Castaños Guzmán agregó, además, que podría vulnerarse el principio de libertad de empresa consagrado en el artículo 50 de la Constitución.

Asimismo, señaló que genera preocupación el esquema centralizado de valorización de residuos, debido a que podría convertirse en una barrera normativa para iniciativas descentralizadas e innovadoras, especialmente en sectores como el hotelero y turístico.

La falta de armonización del nuevo sistema de contribuciones económicas propuesto podría derivar en una carga fiscal desproporcionada, afectando la viabilidad operativa de sectores clave y promoviendo informalidad, acotó.