Recientemente, en mi lectura de Microscopio del gran Orlando Martínez, me encontré con un artículo del 22 de junio de 1974. El mismo relataba una situación relacionada con un preso llamado Onelio Espaillat, quien ya estaba en libertad, pero debía pagar una multa de dos mil pesos (RD$2,000) para ser considerado un hombre libre. Se creó un comité de ocho personas, entre las cuales estaban Ramón Antonio Veras , quien aún sigue entre nosotros, y Salvador Jorge Blanco, un expresidente que ya falleció, al igual que su hijo, quien murió siendo Ministro de Medio Ambiente.
Soy un dominicano común y corriente, tal vez con una o dos páginas leídas más que el promedio de nuestros ciudadanos, pero de ninguna manera me pongo el traje de superioridad. Realizo trabajos pro bono de manera constante, pienso y colaboro con lógica y apego a nuestro marco normativo con las autoridades del tránsito.
Ya he explicado que es una realidad que debemos ampliar algunas vías y hacer un uso inteligente de las mismas, con señales claras que comuniquen de forma efectiva tanto a conductores como a peatones. Pero de ahí a quitarle espacio a las arterias pulmonares que debemos preservar en las urbanizaciones, eso no se negocia. Ni siquiera un centímetro de la acera de esos santuarios de vida, protegidos por el artículo 37 de nuestra Constitución, que ha sido malinterpretado por muchos, creyendo que solo se refiere a la vida humana. En ninguna parte del artículo se limita a los humanos; se refiere a todas las personas, jurídicamente protegidas, como sujetos de derechos fundamentales.
Este miércoles, invito a las autoridades que planean hablar con una mínima parte de la población de los puntos más cercanos, sobre un tema que no es solo de los moradores de Los Ríos y Jardines del Norte. El Parque Botánico es un parque nacional, por ende, forma parte íntegra del artículo 1 de nuestra Constitución. Quiero dejar claro que solo mediante una decisión tomada por plebiscito se podría actuar sobre ese tema. Por eso urge la aprobación de una ley que aún reposa en el Congreso y que, hace unos meses, solicitamos formalmente a nuestros legisladores: la aceleración de las normativas más importantes que ya son necesarias.
Es importante que tanto el Ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, como el de Medio Ambiente Paino Henríquez, se reúnan como acostumbran hacerlo con las comunidades. Pero, cuando se junten este miércoles con los comunitarios y autoridades de ese sector, deben saber desde ya que no hay margen de maniobra, ya que la Constitución es clara. Actualmente no contamos con una ley que regule las Garantías y Derechos Fundamentales, ni con una Ley de Plebiscito. Por lo tanto, sería un verdadero sacrilegio ejecutar una acción desde el gobierno que viole todos los principios fundamentales contenidos en el Título I de la Constitución, que abarca desde el artículo 1 hasta el 36.
Sigamos con RD se mueve, sin mover lo que no se puede mover.
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