SANTO DOMINGO. El endurecimiento de las políticas migratorias en República Dominicana ha provocado una reacción pública de sectores que, hasta hace poco, favorecían discretamente la regularización o permanencia de ciudadanos haitianos en el país.
Las recientes redadas masivas, deportaciones y controles fronterizos más estrictos han encendido un debate que durante años se manejaba con cautela o entre líneas. Organizaciones civiles, líderes religiosos y empresariales que antes mantenían un perfil bajo en este tema se han visto forzados a pronunciarse de manera más abierta.
El Gobierno dominicano defiende las medidas como necesarias para garantizar el orden, la seguridad y la soberanía, en un contexto marcado por la crisis política, económica y humanitaria en Haití. “No podemos cargar con los problemas de otro país”, ha repetido el presidente Luis Abinader, justificando el despliegue de agentes migratorios y militares en la frontera y la agilización de los procesos de repatriación.
En contraste, sectores humanitarios critican la falta de protocolos claros y denuncian violaciones de derechos humanos. También alertan sobre el impacto económico de expulsar mano de obra haitiana en sectores como la agricultura o la construcción, donde es clave para la producción.
La tensión ha puesto en evidencia el peso de un tema que suele ser tabú en la política y en las élites empresariales: el respaldo, a menudo silencioso, a la migración haitiana irregular para suplir necesidades laborales. Hoy, con la presión social y mediática que generan las nuevas medidas, esas posiciones tienen menos margen para la ambigüedad.
Analistas advierten que la crisis haitiana no da señales de mejoría inmediata, lo que significa que la migración seguirá presionando la frontera dominicana. Mientras tanto, la aplicación de políticas más duras seguirá obligando a todos los actores —gobierno, oposición, empresas, iglesias y ONG— a definir sus posturas de manera más clara y a debatir abiertamente un problema histórico y complejo.
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