SANTO DOMINGO– Expertos y ciudadanos consultados por noticiasmsm.com han señalado que el Gobierno de la República Dominicana podría ahorrar hasta 15 mil millones de pesos anualmente si lograra implementar un control más estricto sobre el ingreso de parturientas haitianas y otros ciudadanos del vecino país que acuden a los centros de salud dominicanos en busca de atención médica.
En junio de este año, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, reveló que el Estado dominicano invierte entre 10 mil y 15 mil millones de pesos al año en la atención hospitalaria de pacientes haitianos, tanto adultos como pediátricos. “El gasto en asistencia a extranjeros haitianos, no solo a las parturientas, sino a aquellos que acuden a consultas, hospitalizaciones, cirugías, laboratorios y servicios de imágenes, ronda entre 10 mil y 15 mil millones de pesos por año”, declaró Lama.
En cuanto a las parturientas haitianas, el funcionario detalló que en 2023 el 35 % de las madres atendidas en los hospitales dominicanos eran de origen haitiano. Además, destacó que este año, esa cifra se mantiene en torno al 33 %, lo que representa un aumento significativo en comparación con el 2019, cuando la proporción era del 23 %.
Este martes, el gobierno dominicano presentó un plan sobre la “racionalización y modernización de la administración pública”, que contempla la fusión de ministerios y la absorción o eliminación de ciertas direcciones e instituciones. Según las autoridades, los fondos ahorrados mediante estas reformas, proyectados en 25 mil millones de pesos, serán redirigidos a sectores clave como la salud, la seguridad ciudadana, las infraestructuras y la educación.
Las personas consultadas insisten en que un enfoque más riguroso en la regulación del flujo de parturientas haitianas y otros ciudadanos que cruzan la frontera para recibir atención médica podría contribuir de manera significativa a reducir el gasto público en salud. Afirman que esto sería posible con un control más efectivo en la frontera y una gestión eficiente de la Dirección General de Migración, lo que permitiría liberar recursos para atender otras prioridades nacionales.
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