Santo Domingo, RD.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, sugirió a sus adjuntos obviar la crítica ácida contra la reputación del Poder Judicial.
La procuradora, en una carta enviada a sus adjuntos a la que ha tenido acceso este diario, señala que aunque el Ministerio Público ha sido criticado por situaciones que lo colocan en un “estado de vulnerabilidad” y con un “paño de vergüenza ajena”, no se puede arremeter contra la reputación de las personas que ejercen la judicatura.
En una carta de tres páginas, la Procuradora General dijo que aunque la crítica contra las decisiones de miembros del Poder Judicial es sana porque asegura la transparencia e integridad de la labor judicial, indicó, por otro lado, que las críticas a las decisiones del proceder judicial no pueden ser contra la reputación del juez.
Ante tal punto, Germán Brito dijo que es mejor visto hacer esas críticas a través de las vías de recursos, con respeto y deferencia, sobre todo explicando el motivo de la inconformidad.
“No podemos comportarnos como si el Ministerio Público tuviese un interés actual y directo en el desenlace del caso. Nuestro trabajo es, ante todo, defender los intereses de la sociedad, incluso del imputado cuando sabemos que no hay pruebas o surgen pruebas en beneficio de este”, indicó en la comunicación
Germán Brito señaló que en aquellos casos complejos es necesario tener un ejercicio de prudencia y ponderación. Asimismo, dijo que las respuestas de los miembros del Ministerio Público deben “ser limitadas, directas y precisas, pero no alimentar la posible desconfianza de la sociedad en las instituciones”.
En el comunicado, fechado del 21 de diciembre, la magistrada admitió que hay sentencias que quizá no se apeguen a la coherencia y la lógica, sin embargo dijo que “los medios de comunicación no son el espacio pertinente para dirimir esos asuntos”.
También dijo que no se debe cuestionar la libertad de expresión, sobre todo en casos de interés público, “pero, no al precio de comprometer la integridad y la objetividad del Ministerio Público, así como de los investigaciones en curso”.
Germán Brito señaló que la población y la toma de los medios de comunicación para continuar el proceso por otras vías, “contra los jueces, no son más que municiones para aquellos que no quieren una administración y auxilio de la justicia fuerte e independiente”.
“Un amigo que me suele decir ´hoy usted está en modo juez´, todos los oficios marcan y pueden que me hayan marcado los años de jueza. No olvido un caso durante dicho periodo, en el cual tuve una disidencia porque creí que debía retenérsele la falta; el Procurador de entonces, aparentemente recibió una directriz política de no recurrir y que, pues, solo se le ocurrió nada más que salir con que ‘no recurrir porque los jueves no le merecían confianza’. Este no debe ser el ejemplo de las relaciones entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, no es la relación que se espera en un Estado social y democrático de derecho”, contó la Procuradora.
Antes de finalizar la carta de tres páginas, Germán Brito instó a los miembros del Ministerio Público a reafirmar su compromiso con los deberes jurídicos y éticos de la profesión y a “obviar la crítica ácida contra la reputación de las personas que ejercen la judicatura”.
Se recuerda que este jueves el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, reaccionó molesto con la decisión del cese de la prisión preventiva y la imposición de arresto domiciliario a Luis Maisichell Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional, dictada por la jueza Claribel Nivar, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Camacho dijo que es evidente que el Poder Judicial ha decidido aplicar de manera irracional el límite razonable de la prisión preventiva.
Continuó diciendo: «En este caso resulta curioso y llama poderosamente a la atención que los aplazamientos no se les imputan al Ministerio Público y no se les pueden imputar porque no hay evidencia de retrasos causados por este órgano, entonces este tribunal recurre a culpar al propio Poder Judicial de los retrasos del proceso para cesar la presión preventiva».
Alegó que esto solo ocurre «única y exclusivamente» en los casos de corrupción.
Luis Maisichell Dicent había cumplido 18 meses de reclusión preventiva en la cárcel de Najayo, por lo que la magistrada entendió que este plazo venció.
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