Santiago, Rep. Dom. -La prolongada crisis de agua potable que afecta a Santiago desde el pasado 25 de diciembre no solo ha dejado sin servicio a más de 800 mil personas, sino que ha desencadenado una grave situación de desabastecimiento y presión económica que golpea de manera directa a la ciudadanía, al comercio y a los sectores más vulnerables de la provincia.
Así lo denunció Demóstenes Martínez, presidente de la Fuerza del Pueblo en Santiago y miembro de su Dirección Política, quien advirtió que la falta de previsión de las autoridades ha derivado en un escenario crítico donde los botellones de agua potable se han agotado en colmados, supermercados y establecimientos comerciales, mientras ciudadanos han denunciado que los camiones suplidores han llegado a triplicar los precios habituales del servicio.
Martínez señaló que esta situación ha desbordado la capacidad de respuesta de miles de familias, obligándolas a destinar recursos extraordinarios para suplir una necesidad básica, afectando su economía doméstica y su calidad de vida. “No se trata sólo de la falta de agua, sino del impacto social, sanitario y económico que esta crisis está generando día tras día”, afirmó.
El dirigente político indicó que pequeños comercios, restaurantes, centros educativos, clínicas, salones de belleza y otros negocios han visto afectadas sus operaciones, enfrentando mayores costos, reducción de servicios y riesgos sanitarios, lo que amenaza la estabilidad económica local.
Recordó que desde hace casi un año se había alertado a las autoridades sobre el deterioro de la tubería madre del acueducto Cibao Central, sin que se ejecutaran las acciones preventivas necesarias. La ruptura de esta infraestructura, con más de tres décadas de uso, no sólo ha impactado a Santiago, sino que ha provocado daños a propiedades en Sabana Iglesia y ha dejado sin agua a sectores del municipio de Moca, en la provincia Espaillat.
Martínez consideró evidente la negligencia de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) al permitir el colapso de una infraestructura esencial, pese a las advertencias técnicas previas. Aunque reconoció que se trabaja en una solución, sostuvo que la población no percibe alivio alguno, ya que las reservas en cisternas y tinacos se han agotado, afectando la higiene, la salubridad y el desenvolvimiento cotidiano de los hogares.
Finalmente, hizo un llamado urgente a adoptar medidas responsables y solidarias que incluyan no sólo la reparación definitiva del sistema, sino también acciones inmediatas para frenar la especulación, regular los precios del suministro alternativo y garantizar el acceso equitativo al agua potable mientras persista la emergencia.
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